La cuestión que nos plantea tiene que ver con la existencia de contratos de seguro de asistencia sanitaria, por un lado, y los contratos de hospitalización, por otro. La relación de los médicos con sus pacientes tiene su causa en un contrato de seguro de asistencia sanitaria siendo habitual que las compañías aseguradoras médicas sean las que abonan la factura por la prestación de servicios médicos. Igual puede suceder en el caso del resto de prestaciones que se realizan al paciente en el contexto de la intervención, si bien, en lo relativo al hospital, lo que se factura al paciente son los gastos de estancia en planta, los derechos de quirófano, la medicación, las exploraciones complementarias y el material.
En tales casos, estamos ante un contrato que ha sido objeto de valoración por la Sala Civil del Tribunal Supremo, en sentencia de 4 de octubre de 2004, con cita de las sentencias de 11 de noviembre de 1991 y 12 de marzo de 2004, y que lo califica como un contrato atípico, complejo, perfeccionado por el acuerdo de voluntades entre el paciente y una clínica privada, que puede abarcar la prestación de distintas clases de servicios, según la modalidad bajo la que se haya estipulado. Pero que, en todo caso, comprende los llamados extramédicos (de hospedaje o alojamiento) y los denominados asistenciales o paramédicos, aunque también puede abarcar los actos pura y estrictamente médicos, siendo para ello necesario que el paciente haya confiado a la clínica su realización por medio de sus propios facultativos (el contenido de la reglamentación negocial depende de la voluntad de los contratantes).
Por tanto, en el caso de que no exista una relación de dependencia de los médicos con el hospital, el contenido del contrato de hospitalización no implica, per se, que el hospital responda de cualquier actuación médica realizada en sus instalaciones, si dicha actuación no se refiere al ámbito de contrato hospitalario suscrito.
Únicamente podría declararse una responsabilidad del hospital en el caso de que el reproche se efectúe en atención a una falta de medios propios del entorno hospitalario y, por tanto, objeto del contrato de hospitalización o por una infección.
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La colaboración público-privada es un elemento esencial en la consolidación y desarrollo de la investigación preclínica. Un buen ejemplo de esa labor lo representa el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), que articula diversos mecanismos o líneas para que esa labor sea lo más fructífera posible, como explica a DM su directora, María Blasco. “La más frecuente es a través de acuerdos de codesarrollo con los programas de open innovation de la industria farmacéutica. Más del 70% de estos acuerdos son con compañías internacionales, incluyendo algunas de las principales empresas farmacéuticas multinacionales, como Roche, Lilly, Pfizer, AstraZeneca, etc.”.
Desde 2011, han entrado a los grupos de investigación del CNIO unos 25 millones de euros a través de este tipo de acuerdos de colaboración. “En este caso, nuestro modelo es que el CNIO no trabaja para farmacéuticas sino que codesarrolla nuevas dianas terapéuticas con farmacéuticas, compartiendo riesgos y beneficios”, especifica.
Otro modo de colaboración con la empresa privada es a través del programa de descubrimiento de fármacos del CNIO denominado Terapias Experimentales. Este programa es capaz de llevar a cabo todas las fases del descubrimiento de fármacos hasta tener moléculas efectivas contra el cáncer en modelos animales y que ya son atractivas para la industria farmacéutica. “Hemos licenciado algunas de nuestras moléculas a la industria: un ejemplo es la licencia de inhibidores de ATR a la compañía alemana Merck”, apunta.
El centro consta de los programas de Oncología Molecular, Biología Estructural, Genética del Cáncer Humano, Investigación Clínica, Biotecnología y Terapias Experimentales
Finalmente, el CNIO también ha licenciado patentes y know-how a compañías que son spin-off del CNIO, como Life Length, Bioncotech o Senolytx, que consiguen llevar nuestros descubrimientos al mercado y a los pacientes. Asimismo, este organismo “es parte de otras iniciativas privadas para valorización e incubación de innovaciones, como el Programa de Transferencia de Tecnología de la Fundación Botín (el grupo de María Blasco) y el Programa CaixaImpulse para ayudar a llevar tecnologías al mercado, en el que en la actualidad tenemos tres proyectos activos”.
El CNIO mantiene en la actualidad colaboraciones con Merck, Pfizer, AstraZeneca-MedImmune, Lilly, PharmaMar y Biovelocita. Este año, el CNIO ingresará unos 4 millones de euros de proyectos de investigación provenientes de entidades privadas y 7 millones de euros de entidades públicas.
Además, el organismo tiene numerosos acuerdos de licencia de productos del propio CNIO que son comercializados por grandes compañías internacionales de biotecnología. “Estos acuerdos generan unos ingresos de unos 600.000 euros anuales, que se distribuyen entre el CNIO, los investigadores que han desarrollado la tecnología y el grupo de investigación del que ha salido la tecnología”, apunta Blasco.
La media de acuerdos anuales que el organismo alcanza con entidades internacionales es de 200, y unos 60 cada año con organizaciones nacionales
Gracias a las colaboraciones con la empresa privada, sobre todo farmacéuticas, el CNIO consigue llevar sus tecnologías al mercado y una importante financiación para sus grupos de investigación e investigadores. Además, se beneficia con importantes retornos de la comercialización de sus innovaciones.
Otro aspecto a resaltar es que “ya podemos medir el impacto de generación de patentes derivadas de colaboraciones con empresas, lo cual es un indicador muy significativo. En particular, se han generado patentes de una terapia génica y una tecnología de diagnóstico mediante acuerdos de colaboración con empresas del sector biofarmacéutico. En este caso las dos empresas son internacionales”, resalta.
Para Blasco, el margen de mejora es “muy grande”. Aunque en el CNIO “estamos contentos de lo que hemos hecho, sabemos que podemos hacer aún mucho más”.
Esta mejora vendrá de la mano de más acuerdos con la industria farmacéutica en términos de codesarrollo, “como los que establecemos como win-win para los dos partners. Encontrar sinergias entre las empresas y la investigación universitaria y de entidades públicas es clave para hacer buenos proyectos de investigación tanto exploratorios como enfocados a un desarrollo de tecnología concreto”, señala.
Ha desarrollado fármacos para el Instituto de Biotecnología de Flandes y continúa explorando posibles colaboraciones con otras instituciones académicas, dentro y fuera de España
Asimismo, “pensamos que el programa de desarrollo de fármacos del CNIO podría convertirse o formar parte de una plataforma nacional para el desarrollo de fármacos desde la investigación académica, algo que podría mejorar significativamente los resultados de transferencia de tecnología de otras instituciones”, concluye Blasco.
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Un equipo de investigadores del Instituto de Investigación de San Pablo (IIB Sant Pau) y del Ciber del Instituto de Salud Carlos III, dirigidos por Eugenia Mato del Grupo de investigación de Endocrinología, Diabetes y Nutrición y Joan Carles Escolà-Gil del Grupo de investigación de Bases Metabólicas del Riesgo Cardiovascular, ha demostrado el papel que tiene el colesterol y uno de sus principales metabolitos, el 27-hidroxicolesterol (27HC) en el crecimiento del tumor de tiroides, así como en la agresividad de éste. De esta manera, las células humanas tumorales se desarrollan más rápidamente en cultivos que contienen colesterol que en su ausencia, debido a su posterior transformación en 27HC en el interior de la célula tumoral. Los estudios fueron corroborados en tejidos de cáncer epitelial de tiroides humano, donde se observó una asociación directa entre la agresividad del tumor y una reducción en la principal enzima que elimina la molécula 27HC, la CYP7B1.
El trabajo, publicado en Scientific Reports, demuestra que el 27H promueve el crecimiento y la propagación del tipo más común de cáncer de tiroides. Los autores afirman que “los tumores de cáncer de tiroides, debido a que presentan una reducción en la enzima para eliminar 27HC, están generando una molécula que promueve el crecimiento del tumor”.
“La reducción del colesterol mediante cambios en los hábitos dietéticos o mediante fármacos podría disminuir el riesgo de cáncer de tiroides”, apunta Giovanna Revilla, primera firmante del trabajo e investigadora que realiza la tesis doctoral en el IIB Sant Pau. Además, “un medicamento que active la enzima CYP7B1 podría ayudar a prevenir o, por lo menos, tratar esta enfermedad”, añade.
Los investigadores que han liderado este estudio pertenecen al Ciberde Bioingeniería, Biomateriales y Nanomedicina (Ciber-BBN) y al Ciber de Diabetes y Enfermedades Metabólicas Asociadas (CicberDEM). Han participado, asimismo, los investigadores Rosa Corcoy, Cintia González y Alberto de Leiva del Grupo de investigación de Endocrinología, Diabetes y Nutrición del IIB Sant Pau y miembros del Servicio de Endocrinología del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau y el Ciber-BBN; Enrique Lerma y Victoria Fuste del Servicio de Anatomía Patológica del mismo Hospital; Antonio Moral y José Ignacio Pérez del Servicio de Cirugía General y Digestiva, también de Sant Pau; Mònica de Pablo Pons, Annabel García-León, David Santos, Gerard Sabé y R. M.ª Blanco, del IIB Sant Pau; Lucía Baila-Rueda y Ana Cenarro del CiberCV y el Instituto de Investigación Sanitaria Aragón y Marcelo Magalhaes; y Manuel dos Santos Faria del Hospital de la Universidad Federal de Maranhão, en Brasil.
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Alemania quiere unirse a los países que como Francia establecen la obligatoriedad de la vacuna del sarampión. El miércoles 17 de julio, el Consejo de Ministros alemán aprobó multas de hasta 2.500 euros para los padres que no vacunen de sarampión a sus hijos en edad escolar.
La decisión entraría en vigor en marzo del año que viene si el Bundestag (cámara baja) la ratifica y obligaría también a vacunar a los menores en centros de refugiados y a los docentes. Contempla incluso que los niños no vacunados sean excluidos de los centros escolares.
Pregunta del último barómetro de Sanidad, de marzo de 2019. Comparativa entre la respuesta de la media europea y la de España.
En definitiva, la decisión del gobierno de Ángela Merkel llega cuando el mundo desarrollado está asistiendo a un resurgimiento de casos de sarampión sin precedentes.
Según cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el año pasado se reportaron 350.000 casos de sarampión en el mundo, más del doble que en 2017.Y en el primer trimestre de 2019, los casos se multiplicaron por cuatro, en relación al mismo periodo de 2018. Mientras en Alemania, según cifras oficiales, el año pasado se notificaron 543 casos de sarampión y en lo que va de año suman ya más de 400.
En Estados Unidos se están registrando cifras récords de contagio, de las que el British Medical Journal, se hacía eco en uno de sus últimos números. Hasta el 31 de mayo de este año, se tiene constancia de que hubo 981 casos de sarampión, “la cifra más alta desde 1992”.
María José Cirelluelo, secretaria del Comité Asesor de Vacunas, de la Asociación Española de Pediatría, reconoce con preocupación “el brote epidémico de sarampión al que estamos asistiendo en el mundo”. Afirma: “Es penoso que en 2019 fallezca gente de sarampión, cuando hay una vacuna tremendamente eficaz”. Pero explica que en España no está justificado imponer la vacunación obligatoria. “Es mejor informar más y mejor que obligar, porque aquí nos podemos permitir ese lujo, de momento, ya que tenemos buena cobertura de vacunación”.
Pregunta del último barómetro de Sanidad, de marzo de 2019. Comparativa entre la respuesta de la media europea y la de España.
Efectivamente, la cobertura y aceptación de la vacunación en España está por encima de la media europea, como se puede ver en los gráficos. Sin embargo, el movimiento antivacunas también tiene aquí su representanción, como se puso de manifiesto en la sentencia el Juzgado Contencioso-administrativo número 16 de Barcelona, que avaló el derecho de una guardería a no inscribir a un niño que no estaba vacunado. “Nosotros estamos de acuerdo con esa resolución judicial”, concluye Cirelluelo.
La citada sentencia resolvía que “la vacunación no es obligatoria, pero la decisión de los padres de no vacunar a su hijo tiene unas consecuencias jurídicas, puesto que no hay ningún derecho ilimitado, en este caso prevalece el derecho a la salud del resto de los niños de la guardería”.
Por otro lado, Federico de Montalvo, presidente del Comité de Bioética de España, y uno de los firmantes del informe que realizó el comité sobre vacunación, señala que “desde un plano ético y legal una medida de multa no es desacertada por sí misma”. Sin embargo, reconoce que antes de recurrir a dicha medida hay que tener en cuenta tres cuestiones. En primer lugar apunta que “la multa puede ser poco justa si no tiene en cuenta el contexto económico de la familia a la que se impone, ya que al ser única y no progresiva puede afectar en mayor o menor medida al grupo familiar en función de la renta. De hecho, para alguna familia dicho importe no puede actuar como un aliciente en favor de la vacuna”.
Federico de Montalvo, presidente del Comité de Bioética de España.
Por otro lado, “la multa puede también operar como una justificación ética de la decisión de no vacunar, de manera que el ciudadano perciba que la vacunación no es tan relevante en la medida que puede no vacunar con el mero pago de la multa. Es una medida que sí puede actuar como incentivo, por un lado, pero que puede diluir en cierto modo la importancia de las vacunas desde la perspectiva de la salud pública, ya que admite que no se vacuna siempre que se pague la multa. Esta puede acabar siendo considerada una mera tasa a pagar por no vacunar”.
Por último, atendiendo al principio de proporcionalidad, De Montalvo señala que “solo estaría justificado recurrir a dicha medida cuando se hayan agotado o probado otras medidas menos restrictivas. Entre ellas, como ya señalamos en su momento en el informe que sobre las vacunas y en concreto sobre la vacunación obligatoria emitió el Comité de Bioética de España, los incentivos (nugdes) pueden ser una buena herramienta para trabajar a favor de la vacunación. La idea, incluso, sería incentivar una conducta favorable a la salud pública como es la vacunación a través de descuentos y no de incrementos de dinero como ocurre con las multas. Se trataría de incentivar mediante deducciones fiscales o similares y no con la imposición de una especie de tasa por no vacunar, como a la postre puede acabar operando la mencionada multa”.
Y si bien en España, como reconoce, las actuales tasas de vacunación “informan a favor de no tener que implantar medidas como las que ahora pretende implantar Alemania, ello no significa que los poderes públicos no deban estar vigilantes ya que la situación puede variar en un muy breve espacio de tiempo pasando de una alta tasa de vacunación a una mucho más baja (el ejemplo de Italia es paradigmático como también el de algunos Estados de Iberoamérica)”.
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Baremos que no han cambiado en 20 años, problemas para desarrollar su actividad, falsos autónomos, presiones por parte de las aseguradoras para aceptar sus condiciones… este miércoles la Organización Médica Colegial (OMC) ha puesto cifras a los problemas de los médicos de ejercicio libre que llevan años denunciando.
El estudio, nacido originalmente para recopilar datos para denunciar prácticas en contra de la libre competencia -cuestión que será objeto de otro análisis-, expone la incidencia de varias prácticas abusivas para los profesionales. La recopilación de las respuestas de 1.410 médicos (de los cuales 1.222 estás adscritos a alguna aseguradora) sirve de foto fija, en palabras del presidente de la OMC, Serafín Romero, para hacer un diagnóstico de la situación, que en varios aspectos no son problemas individuales, sino colectivos.
El retrato robot de los participantes es fundamentalmente masculino (75% por ciento de hombres) y con una media de edad que sobrepasa los 56 años. Además, la media de ejercicio en el sector privado libre es de unos 23 años. Esto ha hecho alertar a la OMC de que, de no mejorar las condiciones, se va a perder el 40% de los médicos de las aseguradoras en una década.
El facultativo libre trabaja para una media de 5 compañías aseguradoras, si bien un 37,7% reconoce que no tiene un contrato por escrito, sino que es un acuerdo verbal (legal según el Código Civil).
En cuanto a las conductas abusivas de las aseguradoras, del estudio se desprende que un 22,7% de los profesionales han sido presionados con la exclusión del cuadro médico de no aceptar las condiciones nuevas.
Entre esas medidas, están establecer el pago capitativo, de modo que el médico asume todo el riesgo del acto se complique más o menos (75%), y a dejar de atender a mutualistas para centrarse sólo en los asegurados con pólizas privadas (43%).
Además, el 45% de los médicos denuncia que se ha topado con obstáculos a su labor asistencial, principalmente con la falta de autorización de tratamientos o bien trabas administrativas o excesivo formalismo en los procedimientos. Y un 40% de los participantes afirma que se les ha impuesto prestar los servicios a través de los centros de las aseguradoras.
En cuanto a honorarios, casi el 70% de los médicos indica que los baremos no han cambiado (un 34% señala que sí han subido y un 32%, que han ido a la baja). Pero la OMC apunta que la encuesta ha constatado que incluso hay una reducción encubierta por la práctica de incluir pruebas complementarias en el precio de la consulta, cuando antes se facturaban por separado.
Además, un 40% de los participantes dice que se les ha negado el abono de consultas sucesivas o revisiones, que tienen un precio más reducido que la consulta.
La OMC ha denunciado que estas prácticas desvirtúan la relación médico-paciente y que al final son aseguras y grupos hospitalarios son las que marcan las condiciones, en detrimento de los médicos realmente autónomos.
Por ello, han puesto encima de la mesa que se redacte un código de buenas prácticas entre todos los agentes implicados para mantener el actual sistema o bien ir hacia un nuevo modelo.
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Ni 24 horas ha tardado la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (Semes) en pedir el cese de la nueva y flamante consejera de Sanidad de Castilla y León, Verónica Casado, cuyo nombramiento, que adelantó DM, se hizo público ayer. La sociedad científica, que lleva años reclamando en vano la creación de una especialidad de Urgencias y Emergencias, acusa a Casado (personalmente elegida por el también médico, vicepresidente y consejero de Transparencia castellanoleonés, Francisco Igea) de “torpedear” la creación de esa especialidad cuando ocupaba cargos de responsabilidad en órganos colegiados de la Administración. En el mismo momento en que Semes pedía su dimisión, la nueva consejera estaba tomando hoy oficialmente posesión de su cargo.
En concreto, la denuncia de Semes se centra en la actuación de Casado como vicepresidenta del Consejo Nacional de Especialidades en Ciencias de la Salud, cargo que ocupó entre los años 2007 y 2014, y que compatibilizó con la presidencia de la Comisión Nacional de Medicina de Familia (entre 2003 y 2014). Las especialidades de Medicina de Familia, Medicina Interna y Medicina Intensiva son las que se han opuesto con más vigor y reiteración a la creación de una especialidad de Urgencias, y han abogado siempre por la creación de un área de capacitación específica (ACE). Casado también es socia fundadora de la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria (Semfyc), la sociedad científica más representativa y numeros del colectivo profesional más reacio a la especialidad de Urgencias.
Casado era vicepresidenta del Consejo y presidenta de Familia, el área más reacia a crear una especialidad de Urgencias
Según Juan González Armengol, presidente de Semes, Casado “no sólo ha firmado cartas y manifiestos públicos contra la especialidad como vicepresidenta del Consejo de Especialidades, lo que supone incurrir en un claro conflicto de intereses regulado en la Ley de 2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sino que, lejos de abstenerse, como era su obligación, ha intervenido en decisiones oficiales contrarias a la aprobación de la especialidad en defensa de los intereses gremiales de un colectivo [los médicos de Familia], y lo ha hecho, además, contraviniendo normas superiores en vigor“.
El presidente de Semes se refiere a la gestación del controvertido decreto de troncalidad, que fue anulado por el Tribunal Supremo, y, en concreto, a la elaboración del mapa de especialidades, que incluía ese decreto, basándose en una directiva comunitaria de 1993 -que, en el momento de la elaboración del decreto de troncalidad, ya estaba derogada-, en lugar de en la directiva de 2005, que, entre otras cosas, ya incluía a Urgencias y Emergencias entre las especialidades reconocidas en la Unión Europea. De hecho, éste fue unos de los principales argumentos que esgrimió Semes en su día para presentar una demanda ante el Supremo contra el decreto de troncalidad.
Semes espera que Igea, consejero de Transparencia, haya elegido a Casado “sin conocer los hechos que denunciamos”
Casado fue, como vicepresidenta del Consejo, una de las redactoras principales del grupo de trabajo de Troncalidad del Ministerio de Sanidad y, además, fue responsable del grupo de Áreas de Capacitación Específica (ACE), del que emanó un documento, aprobado en marzo de 2010, que incluía a Urgencias y Emergencias como un ACE, en lugar de la especialidad que reclamaba Semes. González Armengol añade que “su firma aparece en múltiples informes sobre la troncalidad, algunos públicos y otros no, de la Comisión Permanente del Consejo de Especialidades, cuando era evidente el palmario conflicto de intereses que sus dos cargos [vicepresidenta de ese Consejo y presidenta de la Comisión de Medicina de Familia] le provocaban con respecto a la especialidad de Urgencias”.
A las críticas de Semes al pasado de Casado se suma otro motivo de malestar: su antecesor en la Consejería de Sanidad de Castilla y León, Antonio María Sáez Aguado, se había manifestado en repetidas ocasiones a favor de la creación de la especialidad de Urgencias y Emergencias. A tenor de las denuncias de Semes, parece que la postura de Castilla y León en el Consejo Interterritorial en favor de esa aprobación no será ahora tan clara.
Con estos antecedentes, la sociedad que preside González Armengol afirma que el comportamiento de Casado “ha sido ajeno a la ejemplaridad y transparencia obligados en quien pretenda ejercer responsabilidades en la Administración”, y pide al presidente de la Junta de Castilla y León, el popular Alfonso Fernández Mañueco, que la destituya. “Entendemos que la decisión del actual consejero de Transparencia [en referencia a Igea] ha sido meditada, pero desconocedora de los hechos que denunciamos”, según el comunicado público de Semes.
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