La joven de 18 años que okupó hace más de un año la vivienda de su abuelo en la calle Atocha ha ofrecido este martes las llaves del piso "sin condiciones" casi once meses después de la okupación, coincidiendo con la repetición del juicio que ordenó la Audiencia de Madrid.
Paula y su pareja se han sentado de nuevo en el banquillo de los acusados. El pasado julio, la Audiencia de Madrid anuló el juicio y ordenó devolver las diligencias, siendo instruidas por otro Juzgado. En la anterior vista, manifestó que entró en la vivienda porque "no tenía a dónde ir" con su "chica" y explicó que usó una copia de una llave que tenía su padre, negando haber cambiado la cerradura.
Hoy se ha repetido en el juicio en el Juzgado de Instrucción número 48 de Madrid. Las jóvenes no han respondido ni a las preguntas de la acusación particular ni a las preguntas del fiscal.
Su madre, Amelia Moreda, y el abogado de la familia han señalado a Europa Press que la joven ofreció al juzgado entregar las llaves a condición de que el juzgado suspendiera el juicio, extremo que no se aceptó. En la vista de hoy, el fiscal y la acusación particular han pedido desalojo inmediato de la vivienda.
"Y ahora después del juicio han ofrecido entregar las llaves sin condiciones y la propiedad ha aceptado", ha indicado el letrado de la familia, que defiende a la empresa Desokupa.
La okupación se remonta al verano de 2019 cuando Vicente Moreda, de 87 años, recibió estando en Cartagena (Murcia) una llamada de un vecino alertando de que una chica había entrado en su casa. El afectado llevaba dos meses en esta localidad al estar ingresado en un hospital y estar su mujer ingresada en una residencia al sufrir Alzhéimer.
El juicio se celebró tras seis meses de okupación. El fiscal pedía una multa de 1.080 euros y el desalojo inmediato de la vivienda por parte de Paula, la nieta de Vicente. La familia contrató tras interponer la denuncia a la empresa Desokupa para lograr sin éxito la salida de la joven. En la vista salieron a la luz los problemas familiares y la madre llegó a denunciar que habría sufrido agresiones de su hija.
Pese al testimonio de la madre y de su abuelo, la juez absolvió a la chica alegando que la difícil situación que se vive, "con un proceso de divorcio entre los padres que afecta al consentimiento", impedía dictar una sentencia condenatoria "ya que no todo lo practicado no consigue quebrar el principio de presunción de inocencia que ampara el artículo 24 de la Constitución".
Además mantuvo que a lo largo del procedimiento no se ha acreditado la legitimación del abuelo de la denunciante de ejercer acciones penales en nombre de su esposa, quien sufre un Alzheimer avanzado. La magistrada da "especial relevancia" a este extremo, ya que antes de la okupación la joven vivía en esta casa junto a su padre con el consentimiento de sus abuelos maternos.
Sin embargo, los magistrados de la Audiencia de Madrid consideran que hubo "una infracción" en la valoración de la prueba a instancias de un recurso del fiscal. En la argumentación jurídica, la Sección entiende que de la declaración de las acusadas se deduce la infracción del artículo 245.2 del Código Penal sobre la ocupación de un inmueble sin autorización previa.
Dicho artículo establece que "el que ocupare, sin autorización debida, un inmueble, vivienda o edificio ajenos que no constituyan morada, o se mantuviere en ellos contra la voluntad de su titular, será castigado con la pena de multa de tres a seis meses".
En la vista, las jóvenes reconocieron que habían okupado la vivienda al no tener ingresos. El tribunal recalca que en autos no consta la autorización previa del uso de la vivienda por parte del titular y si constar la constatación de las denunciadas de permanecer en ella sin autorización del titular.
Y entiende que es "indiferente" la autorización de la cotitular en referencia a la esposa del abuelo que se encuentra en una residencia al sufrir una enfermedad degenerativa. "Se repite que no existe aprobación o aceptación de la ocupación de la vivienda por el titular", asevera.
Por ello, los magistrados de la Audiencia de Madrid acordaron que se anule el juicio y exigen una nueva composición del órgano de primera instancia en orden al nuevo enjuiciamiento de la causa.
