Baleares notifica 62 contagios de COVID-19 desde el sábado y ningún fallecido

Con estos datos, el acumulado de casos en Baleares desde que comenzó la pandemia se sitúa en 58.480, mientras que la cifra de fallecidos se mantiene en 781 personas.

En las últimas 24 horas se han practicado en la comunidad 1.630 pruebas para diagnosticar la COVID-19, de las que 30 han resultado positivas (14 menos que este domingo).

Así, la tasa de positividad se sitúa en el 1,84 por ciento y hasta la fecha se han practicado en las Islas más de 1,22 millones de pruebas de COVID-19.

Asimismo, respecto al sábado constan siete altas hospitalarias y 52 curados en Atención Primaria. Los ingresos en planta aumentan hasta los 41 casos y hasta los 22 en UCI.

Por islas, Mallorca tiene 29 pacientes en planta y 16 en UCI; Ibiza, 12 pacientes en planta y cinco en UCI; y Menorca tiene un paciente en UCI por COVID-19.

Por otro lado, actualmente hay 53 profesionales sanitarios en vigilancia en relación al COVID-19, 10 de ellos con contagio activo.

Finalmente, las residencias de ancianos se mantienen sin contagios de usuarios y hay tres profesionales con contagio activo. Durante toda la pandemia han muerto un total de 259 usuarios de residencias de mayores contagiados de COVID-19.

La limpieza de los centros sanitarios hasta 2025 se licita por más de 188 millones de euros

La consejera de Presidencia y Relaciones Institucionales del Gobierno de Aragón, Mayte Pérez, ha manifestado, en rueda de prensa, que la pandemia de coronavirus "nos ha hecho ver la importancia de ciertas actividades que hasta ahora dábamos por sentado, como es la limpieza y desinfección de las instalaciones sanitarias".

En la comunidad hay 115 edificios adscritos a los ocho sectores sanitarios y "debemos de ser muy exigentes a la hora de mantener en las mejores condiciones higiénicas y de asepsia a todos ellos", ha puntualizado.

El nuevo contrato, que saldrá próximamente a licitación, constará de ocho lotes, uno por cada sector sanitario. Este nuevo contrato de servicios facilitará la prestación de la limpieza en centros sanitarios, estableciendo unos criterios homogéneos en materia de definición de zonas, normas, protocolos, metodología, técnica y periodicidad de limpieza, prestaciones accesorias, obligaciones, medios adscritos o calidad, así como de respeto a condiciones laborales dignas y de sostenibilidad y al medio ambiente.

La licitación será por lotes pero conjunta porque se trata de una necesidad común de todos los centros sanitarios dependientes del Salud y de una prestación idéntica, todo ello unido a la obligación de planificar adecuadamente las necesidades.

Para evitar una concentración excesiva que pueda comprometer una adecuada ejecución de los contratos en las condiciones ofertadas, se ha considerado establecer dos limitaciones en la adjudicación: un mismo licitador no podrá resultar adjudicatario de más de dos lotes; y no se podrá ser adjudicatario simultáneamente de los lotes referidos a los sectores Zaragoza II y III.

PPdeG ve a la Xunta dispuesta a llegar a acuerdo sobre la Ley de Salud, que el PSdeG asegura que habrá que modificar

En una rueda de prensa celebrada este lunes en la Cámara gallega, Pedro Puy ha recordado que fue el propio Gobierno gallego el que pidió el diálogo con el Ejecutivo estatal a través de la comisión bilateral, una "vía correcta" prevista en la ley y que busca la "colaboración entre administraciones" frente a lo que "ya ha hecho el Gobierno de España", que es presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional "pidiendo la suspensión de la norma".

El dirigente popular ha criticado que el Gobierno de España, que "tanto se llena la boca hablando de cogobernanza y de colaboración", optase por la vía del recurso "pudiendo elegir la del diálogo". Frente a ello, ha puesto en valor que la Xunta sí optase por el diálogo y pidiese abrir las negociaciones en la comisión bilateral.

"El alcance de la ley pretende ceñirse a la Constitución, nosotros estamos dispuestos totalmente a dialogar en términos jurídicos sobre el alcance de la ley y sobre las posibles dudas de inconstitucionalidad que pueda haber", ha manifestado Puy, que ha recordado que el propio Consejo de Estado delimitó en un informe que la "inmensa mayoría" del texto es "plenamente constitucional" y cual podría ser la posible interpretación de algunos artículos para "que se ajusten a la Constitución".

Puy ha defendido que las medidas contempladas en la norma serán "muy necesarias" para cuando se levante el estado de alarma pero ha reconocido que "seguro que se puede contemplar la posibilidad también de hacer alguna precisión o modificación" de la ley.

Dicho esto, ha sostenido que "es aquel que cuestiona la constitucionalidad de la norma el que tiene que decir exactamente qué lectura se hace, qué se cree que es inconstitucional y cómo se podría subsanar". Además, ha afirmado que se puede solucionar "bien a través de un acuerdo interpretativo" o incluso "con alguna reforma en la propia ley".

Por todo ello, ha confiado en que las negociaciones permitan aclarar esas dudas. "Con el informe del Consejo de Estado en la mano muchas de ellas ya desaparecieron de la polémica y, aquellas que permanecen, dependerá de ese diálogo jurídico cuál es la mejor salida", ha argumentado.

POSTURA DE LOS SOCIALISTAS

Por su parte, el jefe de filas de los socialistas gallegos, Gonzalo Caballero, ha acusado a la Xunta de estar "siempre replicando" contra el Gobierno de España y le ha exigido "lealtad" con las decisiones acordadas en el Consejo Interterritorial de Salud y "prudencia" en las medidas adoptadas de aquí al verano.

En este sentido, ha aludido a la estrategia de la Xunta de provocar la confrontación con el Gobierno central con base a una modificación de la ley de salud que actualmente está recurrida ante el Tribunal Constitucional y que la propia Xunta sabe que "va a tener que modificar".

"La ley fue un exceso", ha sostenido Gonzalo Caballero, que ha asegurado que "habrá vías" en las que el Parlamento de Galicia podrá "echar atrás" la reforma para garantizar su legalidad.

Blasco, «extrañada» por la decisión del San Juan de Dios, defiende la calidad asistencial de los paliativos en Burgos

Un contrato, ha recordado, que no es exclusivo en la capital burgalesa, ya que la propia gerencia mantiene un concierto similar con la misma Orden Hospitalaria en el centro que ésta posee en León.

Blasco ha destacado la "excelente" calidad de los servicios prestados por la orden a lo largo de los 65 años en los que viene desarrollando su actividad en la ciudad, que corrobora el escaso número de reclamaciones presentadas a lo largo de estas décadas.

En este sentido, ha destacado la importancia de los cuidados paliativos que se prestan en el Hospital San Juan de Dios y ha exigido a la Gerencia Regional de Salud que mantenga la calidad que hasta ahora se recibe en esta modalidad de asistencia.

"El servicio es excelente en estos momentos en Burgos y el Partido Popular no está dispuesto a perder ni un punto en la calidad de los cuidados paliativos", ha aseverado Blasco.

Asimismo, ha mostrado su preocupación por el futuro de los 125 empleos directos y los de las diferentes contratas que prestan sus servicios en el Hospital San Juan de Dios y ha solicitado que se valore la posibilidad de que se pueda incluir la antigüedad de estos profesionales en las bolsas de empleo que dan acceso a la función pública.

En todo momento, el Partido Popular se ha mostrado firme defensor de la sanidad pública pero eso no quiere decir, ha explicado Blasco, que renuncie a la colaboración con la sanidad privada para complementar los ámbitos asistenciales más difíciles de cubrir por el sistema público, bajo los principios de calidad y transparencia asistencial.

Una cuestión que cobra especial relevancia en un contexto como el actual, donde los esfuerzos están centrados en combatir la pandemia de la COVID-19, que vislumbra un horizonte en el que habrá que atender a la mayor brevedad posible toda la patología al margen de la infección, que obligatoriamente se ha visto retrasada durante estos meses.

Carolina Blasco ha señalado, asimismo, que la sanidad privada arroja el 3 por ciento del PIB nacional y emplea en estos momentos a unas 400.000 personas.

Por todo ello, ha destacado que el Grupo Municipal Popular estará vigilante en la calidad asistencial de los cuidados paliativos que se presten en Burgos porque "no estamos dispuestos a dar un paso atrás" en los tratamientos y la atención que reciben los burgaleses.

El Ayuntamiento alerta del riesgo de plagas el dar de comer a palomas, patos o gatos en la vía pública

Un gesto tan habitual como echar migas de pan a las palomas o los patos, aparentemente inocuo, genera un constante problema de salud pública en Zaragoza.

Aunque pueda parecer que se está haciendo algo "amable" con los animales, en realidad se favorece la excesiva proliferación de estas especies, alterando sus ciclos naturales de reproducción y sus modos de vida.

Echar comida a las palomas o los patos ayuda a que se reproduzcan con mayor facilidad, lo cual les convierte, en sí mismos, en una plaga. Además, los restos de esa comida arrojada en la calle impulsa otras plagas añadidas, como ratas o cucarachas.

La Ordenanza municipal sobre la Protección, la Tenencia responsable y la Venta de Animales prohíbe expresamente alimentar a animales ajenos en la vía pública.

SOLO PERSONAS AUTORIZADAS

La consejera municipal de Servicios Públicos y Movilidad, Natalia Chueca, ha recordado que "las plagas pueden ser un vector para la transmisión de enfermedades a los humanos, además de provocar molestias y rechazo entre la ciudadanía".

En este sentido, ha apelado a la colaboración ciudadana, que ha calificado de imprescindible. "No debemos dar de comer a las palomas ni a los patos, y en el caso de los gatos deben hacerlo sólo las personas autorizadas en las colonias felinas".

Chueca también ha recordado el importante problema que supone "dejar basura fuera de los contenedores, restos que acaban en las aceras y atraen también a plagas indeseables, además de afear nuestras calles y -ha añadido- generar un trabajo extraordinario para los servicios de Limpieza".

Sólo en 2020, el Instituto Municipal de Salud Pública ha recibido 153 denuncias por molestias ocasionadas por palomas y solicitando capturas. Se han capturado 2.043 ejemplares y además, se han realizado 2.097 tratamientos de desratización y 372 tratamientos de desinsectación.

EL INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA REFUERZA SU ACTIVIDAD

Paralelamente a esta campaña, el Instituto de Salud Pública trabaja en la última fase para la próxima adjudicación de un contrato de servicios para el control integral de plagas en el municipio.

Dicho contrato, que se dividirá en tres lotes, se ha licitado porun importe inicial de 273.000 euros anuales, lo que supone un 390 por ciento más que los 70.000 euros que se venían destinando hasta ahora a este tipo de intervenciones.

Mediante este contrato se desarrollará un programa integral que no sólo sea de tipo "correctivo", con la actuación ante quejas y denuncias, sino que permita prever la presencia de plagas con tratamientos anticipados, antes de causar molestias a los ciudadanos.

Para ello, además, se priorizará el uso de métodos ecológicos, eliminando progresivamente el uso de elementos químicos que afectan al medio ambiente.

El contrato incluirá, entre otros aspectos, un diagnóstico de la situación inicial y anual; la elaboración del citado Plan Integral, que abordará tratamientos en parques, márgenes de ríos y espacios públicos de titularidad municipal; monitorización y tratamiento de todos los registros de alcantarillado público frente a roedores e insectos; y la atención de solicitudes, denuncias y avisos.

Empiezan los contactos Xunta-Estado para tratar de llegar a un «acuerdo» sobre la ley de salud gallega

En declaraciones a los medios este lunes, Rueda, que confía en llegar a un "acuerdo", ha ratificado que, después de la conversación telefónica la pasada semana con el ministro Miquel Iceta, ahora comienzan los contactos de carácter técnico antes de convocar formalmente la comisión mixta bilateral Xunta-Estado para iniciar la negociación sobre el "fondo" de la ley.

"Trataremos de demostrar lo que siempre defendimos y estamos convencidos de que es cierto, que es necesaria una normativa para la pandemia", ha aseverado Rueda, quien ha argumentado que "si el Estado no la quiere hacer" a las "las comunidades" no les queda "más remedio" que impulsar el marco legal.

El vicepresidente primero ha remarcado que la ley gallega, que se tramitó a través de una proposición legislativa del PPdeG, se elaboró "de acuerdo" con la opinión no solo del Gobierno, sino de los técnicos jurídicos de la Xunta y "de acuerdo" con los "marcos constitucionales" para "tener una seguridad jurídica a la hora de actuar".

CONSEJO DE ESTADO

El Gobierno central anunció y confirmó haber presentado un recurso de constitucionalidad tras recibir el informe del Consejo de Estado encargado por el Consejo de Ministros, el cual es preceptivo pero no vinculante. En ese informe el órgano consultivo avalaba la presentación del recurso en cuanto al apartado cinco de la ley de salud -en la que se definen actuaciones concretas como la obligación de vacunación-, pero también sugiere al Estado la necesidad de elaborar una ley orgánica que atienda las necesidades de la gestión de la pandemia.

"El Consejo de Estado no dijo que la normativa fuese anticonstitucional, sino que lo que dijo es que para que pudiera haber normativas autonómicas, lo que tenía que hacer el Estado es una normativa general. Esperemos que lo haga", ha declarado Rueda este lunes, tras lo que confió en que pueda "haber un acuerdo".

Así, ha remarcado que "lo único" que desea es que "no tengan que afrontar" el escenario del levantamiento del estado de alarma el 9 de mayo, anunciado por el presidente Pedro Sánchez, "sin ninguna seguridad jurídica". "Y para eso tenemos nuestra ley", ha zanjado.

ARTÍCULOS QUE PRETENDÍA RECURRIR EL GOBIERNO

La idea inicial del Gobierno central, tal y como expresó en la petición de informe ante el Consejo de Estado, era recurrir tres aspectos: las medidas preventivas (es decir, las cuestiones a regular), la adopción de las medidas preventivas ('el modus operandi' para ejecutar las medidas, recogido en el apartado cinco de la ley) y el régimen de sanciones (en varios artículos y, especialmente, en lo referido a las multas por incumplimientos de las medidas que el Gobierno central cuestiona).

En su informe, el Consejo de Estado considera que es pertinente interponer recurso de inconstitucionalidad -o como dice textualmente, "existen fundamentos jurídicos suficientes"- a uno de los apartados concretos, el relativo a las medidas. Literalmente, señala: cabe este recurso al apartado cinco del artículo único de la Ley de la Comunidad Autónoma de Galicia 8/2021, de 25 de febrero, en lo relativo al apartado 2 del artículo 38 que introduce en la Ley 8/2008, de 10 de julio, de Salud de Galicia.

Concretamente, el apartado cinco introduce un artículo 38 a la ley de salud gallega con dos apartados, de los cuales, el Consejo de Estado avala que se recurra la segunda parte, como se ha mencionado. Esta 'segunda parte' habla de medidas preventivas de reconocimiento, tratamiento, hospitalización o control cuando haya un peligro para la salud de la población.

Y para ello, además de otras medidas generales, establece que se podrán adoptar medidas de control de las personas enfermas, como el aislamiento domiciliario (actualmente los confinamientos de las personas que están contagiadas por el coronavirus), el internamiento en un centro hospitalario o el aislamiento o internamiento en otro lugar adecuado para tal fin.

Entre las siete principales de esta 'segunda parte', también recoge medidas de control para personas que hayan estado en contacto con personas enfermas (como actualmente los aislamientos de contactos positivos); o el sometimiento a medidas profilácticas de prevención, incluida la vacunación o inmunización.

Este apartado de la ley también habilita medidas de control del "entorno inmediato" de las personas enfermas o que hayan estado en contacto con ellas, así como de "zonas afectadas" (lugares geográficos), lo que puede conllevar, por ejemplo, la limitación de movilidad o circulación (como han sido los cierres perimetrales de ciudades o áreas sanitarias) o restricciones a las agrupaciones de personas (como el límite en las reuniones, tal y como está vigente en este momento en Galicia).

Cvirus.- Sanidad analizará en un estudio poner Pfizer a personas que han recibido una sola dosis de AstraZeneca

En concreto, este ensayo clínico fase 2, comparativo, randomizado y adaptativo evaluará la seguridad e inmunogenicidad de esta opción, tras la decisión de vacunar con AstraZeneca solo a mayores de 60 años por la aparición de eventos trombóticos en menores de esta edad.

Esta restricción ha provocado que muchos menores de 60 años que habían recibido ya una dosis de AstraZeneca no pudieran recibir la preceptiva segunda dosis.

Tribunales.-Piden 3 años y medio de cárcel a un acusado de vender droga en la zona de los bares del paseo Colón

Según el escrito de acusación de la Fiscalía, recogido por Europa Press, el acusado, identificado como Álvaro G.A., fue sorprendido por la Policía Local a las 2,10 de la madrugada del 23 de diciembre de 2019, es decir ya en época navideña, en la confluencia de la calle Almansa y del paseo de Cristóbal Colón, un entorno poblado de numerosos establecimientos de ocio nocturno, después de que entregase supuestamente "una papelina de cocaína" a otro hombre "a cambio de una cantidad de dinero".

Los agentes de la Policía Local inspeccionaron el vehículo del encartado, un Audi modelo A6, localizando en el mismo "un bote de desodorante en el que había camufladas tres papelinas más" que contenían cocaína y MDMA, siendo calculado en aproximadamente 134 euros el valor de la droga incautada en el mercado ilegal.

Por tales hechos, la Fiscalía achaca al acusado un presunto delito contra la salud pública, por el que reclama para él tres años y medio de cárcel y una multa de 268 euros.

Cvirus.- Junta realiza cribados poblacionales en Castilleja del Campo, Gines, Isla Mayor y Osuna

En un comunicado, la delegada territorial de Salud y Familias, Regina Serrano, ha explicado que en total se llevarán a cabo 1.720 pruebas, de las que 230 se van a llevar a cabo en Castilleja del Campo, 550 en Gines, 380 en Isla Mayor y 560 en Osuna.

Serrano ha resaltado que las personas se citarán de forma automática en una agenda específica a través de SMS indicándoles que han sido seleccionados para la realización del cribado, que es de carácter voluntario, y en el que se les indicará día y franja horaria a la que deben acudir. "Es importante que únicamente acudan a realizarse las pruebas las personas seleccionadas, las cuales deberán ir a los puntos habilitados para realizar las pruebas", añade.

En este marco, el miércoles se desarrollarán las pruebas en Castilleja del Campo, de 16,00 a 18,00 horas, y en Osuna, de 9,30 a 14,00 horas; mientras que el jueves se harán en Gines, de 14,45 a 18,45 horas, y en Isla Mayor, de 10,00 a 13,00 horas. Las unidades móviles estarán una en cada municipio.

Para estas pruebas se utilizarán test de antígenos, los cuales están equiparados en capacidad diagnóstica a las a PCR y permiten conocer el resultado en unos 15 minutos. Una vez finalizada la realización de todos los test, se remitirán los resultados a la Consejería de Salud y Familias para su estudio.

Baleares sigue sin registrar nuevos casos positivos de COVID-19 entre el profesorado

En una nota de prensa, la Conselleria ha explicado que según los datos recogidos hasta este viernes en los centros educativos de Baleares y los de EduCovid muestran que el número de contagios en los centros educativos continúa bajo.

En cuanto a los estudios de contacto realizados entre los docentes tampoco ha habido ningún positivo.

Del total de alumnado de Baleares, alrededor de 190.000, hay 63 estudiantes con PCR positiva frente a los 32 de la semana anterior, cifra que supone el 0,03% del alumnado, la mayoría en Mallorca (57) y el resto en Ibiza (4) y en Menorca (2).

Hay siete grupos en cuarentena, que incluyen los dos declarados esta semana, en 7 centros educativos, 5 en Mallorca y 2 en Menorca. Esto supone el 0,08% de los 8.000 grupos de Baleares.

Con estos datos, Educación ha afirmado que esta semana las escuelas de las Islas han experimentado una baja presencia de la pandemia.

En cuanto a la vacunación, ya ha comenzado entre los docentes de infantil y de centros de educación especial. Hasta este viernes, 5.423 profesionales de infantil y educación especial habían sido vacunados, el 77,22% del total de estas etapas.

En el caso de Primaria y Secundaria se habían vacunado un total de 11.486 profesionales, cosa que supone el 61,74% de profesionales de estas etapas. En total ya se han vacunado 16.909 profesionales del ámbito educativo.